Modificación de Ley, desde el Parlamento de Andalucía para ampliar el Acceso a la Función Pública de colectivo de Personas con Discapacidad Intelectual, con FAAM + Guillén y Almécija hoy, en Días de Radio.
Las personas con discapacidad nacen con una desventaja respecto de quienes no la tienen. El desequilibrio pesa más en el ámbito laboral. A las sociedades justas se les exige compensar el desequilibrio. Así lo previó el legislador en 1982, año en que se estableció por ley una reserva del 2% en el sector público del empleo para las personas con discapacidad. El cumplimiento de la ley ha sido anecdótico a lo largo de estos 42 años. El porcentaje real de cobertura no ha llegado anualmente ni al 0,1%, según señala un informe de Defensor del Pueblo Andaluz, un fiel reflejo del porcentaje de la justicia social.
El Defensor del Pueblo Andaluz no ha dejado de recibir quejas por la ineficacia de la ley. Son incontables los testimonios. Fuentes del Defensor aseguran que las incidencias son reincidentes sobre todo en las administraciones locales. Y eso pese a la normativa, las normativas. Las sucesivas normas aprobadas por las distintas administraciones que han pretendido asegurar el empleo público para la población con discapacidad han quedado en pura pose. Pero puede haber una solución. El Parlamento andaluz aprobará este miércoles la reforma parcial de la Ley del Empleado Público, una decisión adoptada unánimemente que permite modificar el acceso a la función pública de personas con discapacidad intelectual. La norma, cuyo curso ha sido fulgurante en la Cámara andaluza, será enviado ahora al Congreso de los Diputados.
