La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, socava las competencias autonómicas y municipales para prohibir o regular espectáculos que generan un fuerte rechazo social.
En los hechos, esta normativa estatal priva a los ayuntamientos y autonomías de poder regular las manifestaciones del patrimonio cultural propio. De esta manera, se limitan las competencias regionales y se protege a la tauromaquia por encima de cualquier otra manifestación cultural o artística.
