Roberto Calvi era el presidente del segundo banco privado más grande de Italia, el banco Ambrosiano, cuando éste se declaró en quiebra en 1982. En 1978, el Banco de Italia elaboró un informe sobre el Banco Ambrosiano, que concluyó que varios miles de millones de liras habían sido exportadas ilegalmente, lo que dio lugar a una investigación penal. En 1981, Calvi fue juzgado y condenado a una pena de cuatro años de libertad condicional y al pago de una multa de $19,8 millones por transferir $27 millones fuera del país en violación de las regulaciones monetarias de Italia. Quedó en libertad bajo fianza en espera de apelación y mantuvo su posición en el banco. La familia de Calvi sostiene que él habría sido manipulado por personas de su círculo y era inocente de los delitos que se le atribuían.