La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España en 2007, constata la situación específica de desventaja social en que se encuentran las mujeres y niñas con discapacidad frente a los hombres con discapacidad y al resto de la población. Este tratado internacional ha supuesto un avance significativo en la promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad en cuanto recoge la igualdad entre hombres y mujeres entre sus principios generales (artículo 3.g), y reconoce de manera explícita que, en particular, las mujeres están sujetas a múltiples formas de discriminación (artículo 6). En consecuencia, obliga a los Estados Partes no sólo a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas generales destinadas a la población discapacidad sino también a adoptar medidas específicas adicionales para paliar su situación.
Andalucía ya impulsó el I Plan de acción integral para las mujeres con discapacidad 2008-2013, aprobado por Acuerdo de 14 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, fundamentado en su especial vulnerabilidad ante situaciones de violencia o abuso así como las mayores desigualdades que afrontan en educación formal, en tasa de actividad, en relaciones afectivas, en su autopercepción, en derechos sexuales y reproductivos. Este Plan mejoró la visibilidad de las necesidades y demandas de mujeres andaluzas con discapacidad mediante acciones de formación y sensibilización sobre género y discapacidad, llevadas a cabo principalmente con personas con discapacidad, familias y profesionales. Asimismo, consiguió aumentar la implicación de las distintas Administraciones en la consideración de sus reivindicaciones.
