Se trata de una figura profesional que promoverá la accesibilidad cognitiva en juicios y otros ámbitos de la Justicia, dando apoyo a personas con dificultades de comprensión y asegurando así que se cumple su derecho de acceso a la Justicia, según ha informado el Real Patronato sobre discapacidad en un comunicado recogido por Europa Press.
La Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, introdujo un artículo en el que se menciona expresamente que a fin de que las personas ejerzan su derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación procesal «se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice las tareas de adaptación y ajuste necesarias».
